He dedicado toda mi vida profesional a la geología económica. Sin embargo, dado mi origen Lickanantai y mi nacimiento en Chuquicamata, he sentido el llamado a relatar el pasado y su relación con el presente. Por ello, me referiré al problema de las zonas de sacrificio asociadas a la actividad minera en Chuquicamata, Calama, y en los territorios de los pueblos originarios Lickanantai de la cuenca del Río Loa.
En 1973, tras la nacionalización del cobre chileno, el estado se hizo cargo de Chuquicamata y, por ende, de su planta de fundición. Hacia 1979, la tecnología operativa en la planta de fundición tenía cerca de 27 años de funcionamiento, siendo obsoleta en la práctica. La contaminación proveniente de la planta, causada por la emisión de material mineral particulado y gases ácidos (en particular, dióxido de azufre), era un problema ambiental grave. En particular, los lugares afectados incluían el campamento de Chuquicamata, los poblados de Lasana y Chiu Chiu, y la misma ciudad de Calama.
En 1979, realicé mi memoria de título “Geoquímica de Suelos en Región Árida Altamente Contaminada, Chuquicamata”, en la Universidad de Chile. Esta memoria fue propuesta por José Ambrus, Superintendente de Geología de Chuquicamata y patrocinada por Codelco Central. A pesar de la preocupación ambiental de los directivos de Codelco, las decisiones de inversión dependían del estado chileno. Así, en vez de invertir en una fundición nueva, se opta por el cierre del campamento de Chuquicamata, entre 2001 y 2007. Esta decisión respondía principalmente al bajo costo de generar botaderos de material estéril más cercanos al rajo y por la declaración de Chuquicamata como zona saturada de contaminación en 2001.
La actividad minera en el área se ha multiplicado como también los problemas ambientales. Hoy operan las minas de cobre de Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Hales, y Gabriela (Codelco, Chile), El Abra (Freeport US, Codelco), Doña Inés de Collahuasi (Glencore, Suiza, Anglo American UK y socios de Japón) y Quebrada Blanca (Teck RL Canadá, Sumitomo MM Japón y Enami). El principal impacto ambiental continúa siendo la emisión de material particulado, junto al dióxido de azufre, causados por el clúster de la Fundición de Chuquicamata, la Planta de Tostación de concentrados de la mina Ministro Hales (fuente de mayor contaminación) y el tranque de Relave de Talabre.
El tranque de Relaves Talabre se ubica a 15 kilómetros al noreste de Calama y a 7 kilómetros de Chiu Chiu, y tiene un tamaño de 70 km². Como comparación, el área de la ciudad de Calama es de 34,38 km² y el área de los relaves de la mina Escondida es de 46 km². Talabre almacena los probables residuos tóxicos de las divisiones de Codelco del Distrito Norte. Además, presenta problemas posibles de contaminación de material particulado en suspensión – emisión base de 3.377 ton/año – y dispersado por el viento hacia los poblados de Chiu Chiu, Lasana, y la ciudad de Calama. Finalmente, existe un posible riesgo de contaminación de los acuíferos de las napas subterráneas y drenajes de aguas ácidas hacia los recursos hídricos de la zona del Río Loa.
El estado chileno ha normado el problema de contaminación a través de decretos. Los más recientes son dos. El primero es el Decreto 28 del Ministerio del Medio Ambiente de 2013, cuyo Artículo 3 fija límites para las emisiones de la fundición de cobre de Chuquicamata. Por ejemplo, el límite máximo de dióxido de azufre es de 49.700 ton/año, de arsénico es de 476 ton/año, y de SO2 es de 600 ppm. El segundo decreto es el decreto 5 de enero 2022, el cual establece el plan de descontaminación atmosférica para la ciudad de Calama y su área circunstante. Es importante enfatizar que este decreto no incluye en el área circunstante a los poblados de Chiu Chiu y Lasana.
Con el objetivo de cumplir las normas de límites máximos de emisión de cobre y arsénico en la zona, actualmente existen planes de modernización de la planta de fundición por parte de Codelco. Sin embargo, el estado chileno nunca ha aprobado la inversión para una nueva fundición de alta tecnología con altos estándares ambientales respecto de la emisión de gases y material particulado. De esta forma, no hemos avanzado hacia el concepto de valor agregado con tecnología limpia como aquella de países desarrollados (como Japón o USA). En particular, La Escondida – la mina de mayor producción de cobre en Chile – exporta casi todo su concentrado.
Con respecto a los tranques de relaves, se debería contemplar en los planes de cierre de las faenas mineras, un fondo de mitigación destinado a la estabilización (aluviones, cambio climático), descontaminación, y monitoreo. Para el tranque de Talabre se requieren estudios, con transparencia, respecto de la calidad de los residuos. El cumplimiento a corto plazo de la implementación de la franja de arbolado nativo entre Chiu Chiu y el tranque de Talabre (artículo 21, decreto 5) no incluye el área entre el tranque y la ruta B-155, como medida de mitigación al paisaje por contaminación visual.
Cabe señalar que existe un problema ético de transparencia y fiscalización entre la contaminación por material particulado y la salud pública. El plan nacional de cáncer 2018-2028 del Ministerio de Salud muestra que, a nivel regional, Antofagasta presenta la mayor tasa de mortalidad de tumores malignos del país (1990-2015). En particular, los cánceres de tráquea, bronquio, y pulmón son los más altos a nivel nacional. Por ello, es de suma importancia que se continúe la fiscalización ambiental transparente a las faenas mineras por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) junto a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN).
En este agreste desierto, el agua es escasa, y es la vida para los pueblos originarios de la cuenca del río Loa. El despojo del agua dulce, superficial y subterránea, por compañías de agua potable o por las mineras del cobre ha sido catastrófico para las comunidades Lickanantai. En particular, varios de sus ecosistemas han sido afectados como los humedales de altura (bofedales y vegas) y los salares. Este impacto ambiental se vincula directamente con el proceso de privatización de los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales en ríos y en las napas subterráneas fuera de un marco socio ambiental. De hecho, a petición de la Comunidad de Chiu-Chiu, se declaran agotados los derechos superficiales de agua sobre la cuenca del río Loa en el año 2000.
Algunos casos son destacables. Al desviar las aguas de los tributarios del río San Pedro (ríos Silala e Inacaliri) para agua potable en Chuquicamata (Codelco) y Calama (FCAB), se despojó agua para regadío en el pueblo de San Pedro, el que fue destinado a desaparecer, junto a las vegas de Inacaliri. Además, se ha usado el agua de los ríos Linzor, Toconce, Caspana, y El Tatio para el agua potable de Antofagasta, Calama, y Chuquicamata, con el desmedro de agua de regadío para los poblados de Linzor, Toconce y Caspana. Un caso lamentable es el de la desecación de la vega de Turi debido a la extracción de sus aguas por Codelco, gatillando la pérdida de su ecosistema y de los pastizales de pastoreo de los pueblos Paniri, Turi, Toconce Ayquina y Cupo. Adicionalmente, las mineras Doña Inés de Collahuasi (salar de Michincha) y Quebrada Blanca operan en el área de las vegas del nacimiento del río Loa, con un posible impacto de ellas. Y la minera el Abra extrae agua subterránea del salar de Ascotan para sus operaciones actuales.
Como respuesta al problema ético de la crisis entre el manejo de los recursos hídricos de la cuenca hidrográfica del río Loa y las compañías mineras, estas últimas tienen la intención de materializar proyectos de plantas desaladoras para sus operaciones. Éstas se materializarán a mediano plazo (tentativamente entre 3 a 5 años). Sus aguas estarán destinadas mayoritariamente a los planes de expansión de las faenas. En julio 2022, el directorio de Codelco anunció su intención de materializar un proyecto de una planta desaladora para sus operaciones de Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Hales (excluyendo Gabriela), que cubriría el 66% del suministro de aguas continentales. Quebrada Blanca también tiene planes para una planta desaladora para su proyecto QB2. La minera el Abra también ha publicado que, para procesar las reservas de sulfuros existentes en la mina, está evaluando para su futura expansión la construcción de una planta desaladora.
En conclusión, el futuro es realizar una mitigación ambiental tendiente a proteger recursos hídricos de la cuenca del río Loa, y en particular los ecosistemas de humedales de altura y los salares. Esta mitigación debe además tender a la construcción de plantas desaladoras y a la reposición de aguas hacia las comunidades, terminando así el negocio de los derechos de agua. Sin embargo, persiste un problema ético-social del estado chileno con las comunidades Lickanantai de la cuenca del río Loa en donde la mayoría no cuentan con servicios de agua potable y de alcantarillado.
Este texto está basado en mi intervención al cabo de la charla “Geología y las Zonas de Sacrificio Ambiental”, de la Dra. Joseline Tapia. Esta charla fue dada en junio de 2022 como parte del ciclo de seminarios “Hacia la construcción del código de geoética Chile” del Grupo de Geoética de la Sociedad Geológica de Chile.
