A pesar de que nuestro país es propietario del yacimiento más importante del mundo, de este metal considerado de interés nacional por su valor estratégico, no hemos sido capaces de generar una política de Estado que optimice su beneficio para el país. Tomando en cuenta la expectante situación que vive nuestro país y esperanzado en cambios que mejoren nuestro futuro, se recomienda que el litio en Chile sea materia a revisar profundamente en una nueva Constitución.
En 1969, cuatro funcionarios del Instituto de Investigaciones Geológicas dependiente de la Corfo iniciaron estudios de terreno que confirmaron la presencia de salmueras ricas en litio en el Salar de Atacama, que además contiene potasio, boro y magnesio. Hoy se le considera el yacimiento de este tipo más importante en el mundo. Durante 2019 se extrajeron 18 mil toneladas de litio, con un valor aproximado de 180 millones de dólares, representando un 23 % de la producción mundial.
Estudios recientes señalan que Chile dispone del 64 % de las reservas del mundo.
Sumando además otros recursos ya conocidos, junto a nuestro potencial de exploración, nos aseguran como país un futuro importante en la industria del litio.
El trascendental descubrimiento hecho por profesionales chilenos, permitió a Corfo tener la propiedad minera del yacimiento. En 1976 se declaró que el litio era una sustancia de interés nuclear y, en 1979, se le consideró de interés nacional por su carácter estratégico. Contradictoriamente, en 1980 se creó la Sociedad Chilena del Litio, donde un 55 % pertenecía a una empresa extranjera, y Corfo, a pesar de ser el dueño del yacimiento, retenía solo un 45 %.
Por otro lado, para explotar otra parte del Salar de Atacama se crea una nueva empresa, llamada Sociedad Minera Salar de Atacama Ltda. (Minsal). Acá se le otorga un 63,7% a otra empresa extranjera, quedándose Corfo con solo un 25 %.
Entre 1982 y 1983 se declara el litio como no concesible.
En 1984 se inicia la producción de litio en Chile. Desde ese año hasta el 2019, se han producido más de 240 mil toneladas de litio con un valor, llevado a precios actuales, de 24.000.000.000 millones de dólares, reflejando que ha sido un muy buen negocio.
En una nueva flagrante contradicción, el dueño del yacimiento (Corfo) ha disminuido su participación. Así, en 1989, Corfo vende su 45% en la Sociedad Chilena del Litio a la empresa extranjera participante en solo 15,2 millones de dólares. Y en Minsal, en 1994, baja su participación al 18 %. En 1995, nuevamente Corfo disminuye su participación vendiendo su 18 % en 7 millones de dólares a SQM, luego Corfo queda sin participación en esta sociedad.
Adicionalmente, es pertinente señalar que los inicialmente socios de Corfo y hoy propietarios de los contratos que permiten la explotación del litio en Chile, han tenido serias dificultades legales a lo largo de su participación como operadores, incluso con escandalosas repercusiones políticas. Esto ha derivado en juicios públicamente conocidos. En relación con lo anterior, se han revisado los contratos y producido nuevas negociaciones que, claramente, reflejaron lo inadecuado de los términos económicos y legales establecidos inicialmente.
En el 2014 se creó la Comisión Nacional del Litio, compuesta por 20 integrantes tanto del sector público como privado, así como dos invitados de los pueblos originarios atacameños. La Cámara de Diputados le pidió que evaluara y propusiera la creación de una “Corporación Nacional del Litio”, que permitiera al Estado empoderarse de la extracción del litio.
La Comisión presenta a la Presidencia de la República propuestas referidas a llevar adelante una Política Nacional del Litio, identificando una falta de control y regulación por parte del Estado. Además, menciona la complejidad ambiental de esos yacimientos, la necesidad de un cambio en la relación con las comunidades, reafirma el carácter estratégico del litio, sugiere reforzar el rol del Estado, constata la necesidad de reforzar la institucionalidad pública para la gobernanza de salares, se considera necesaria la creación de una empresa controlada por el Estado y generar investigación y desarrollo, para lograr un futuro industrial competitivo. Seis años después, nada de lo propuesto ha sido considerado hasta ahora.
Este breve relato muestra que, a pesar de que nuestro país es propietario del yacimiento más importante del mundo, de un metal considerado de interés nacional por su valor estratégico, no hemos sido capaces de generar una política de Estado que optimice su beneficio para el país durante su explotación.
Por todo lo expresado y tomando en cuenta la expectante situación que vive nuestro país, esperanzado en cambios que mejoren nuestro futuro, se recomienda que el litio en Chile sea materia a revisar profundamente en una nueva Constitución.
